26 de febrero de 1869: Camagüey decreta abolir la esclavitud

El 26 de febrero de 1869, la Asamblea de Representantes del Centro promulgó en Camagüey un decreto que declaraba abolida la esclavitud. La medida se aplicaba al territorio controlado por los insurgentes y vinculaba la libertad recién reconocida con obligaciones militares o laborales durante la Guerra de los Diez Años.

Qué pasó el 26 de febrero de 1869 en Cuba

El decreto comenzó con una afirmación directa: la esclavitud, asociada en el texto con la dominación española, debía extinguirse con ella. Su primer artículo dispuso que quedaba abolida. Los siguientes regularon indemnización, servicio y trabajo.

La Asamblea estaba integrada por representantes del movimiento revolucionario camagüeyano. Firmaron Salvador Cisneros Betancourt, Eduardo Agramonte, Ignacio Agramonte, Francisco Sánchez y Antonio Zambrana. El documento impreso llevaba el sello de la República Cubana y una imagen de un hombre liberado junto a un insurgente.

La fecha está respaldada por ejemplares del decreto y por documentación diplomática. El representante estadounidense en La Habana remitió una traducción a Washington en marzo de 1869, hoy conservada en el Congressional Serial Set. El archivo PARES describe igualmente el decreto firmado en Camagüey el día 26.

Esclavitud e independencia al comenzar la guerra

La economía cubana del siglo XIX dependía profundamente del trabajo esclavizado, sobre todo en las plantaciones azucareras del occidente. Oriente y Camagüey tenían estructuras económicas distintas, aunque también existían allí propietarios y personas sometidas a esclavitud.

Cuando Carlos Manuel de Céspedes inició el levantamiento de La Demajagua el 10 de octubre de 1868, liberó a las personas que mantenía esclavizadas y las invitó a incorporarse a la insurrección. El manifiesto político inicial defendía una abolición gradual e indemnizada, señal de que entre los revolucionarios no había todavía una posición uniforme.

Los camagüeyanos se alzaron el 4 de noviembre en Las Clavellinas. En los meses siguientes organizaron autoridades propias y debatieron la relación entre la guerra, la propiedad y la libertad. El decreto de febrero respondió a esa discusión y tomó una posición más explícita a favor de la abolición inmediata dentro de su jurisdicción.

Lo que decía el decreto y cuáles eran sus límites

El texto no se detenía en la declaración de libertad. Prometía que los antiguos propietarios serían indemnizados en el momento oportuno. También ordenaba que las personas liberadas contribuyeran con su esfuerzo a la independencia.

Quienes fueran considerados aptos y necesarios para el servicio militar debían incorporarse a las filas insurgentes con la misma remuneración y consideración que los demás soldados. Quienes no fueran destinados al ejército continuarían, mientras durara la guerra, en las labores que realizaban para mantener productivas las propiedades y sostener a los combatientes.

Esas cláusulas muestran una contradicción importante. El decreto rompía jurídicamente con la esclavitud, pero subordinaba la movilidad y el trabajo de los libertos a las necesidades de la guerra. La igualdad proclamada coexistía con controles heredados de la sociedad esclavista y con la promesa de compensar a quienes habían sido propietarios, no a quienes habían sufrido la esclavitud.

Su alcance territorial también era limitado. La Asamblea no gobernaba toda Cuba y ni siquiera ejercía control estable sobre cada zona de Camagüey. En las áreas dominadas por España, la legislación colonial continuó vigente.

De Camagüey a la Constitución de Guáimaro

El decreto precedió en pocas semanas a la reunión de Guáimaro. El 10 de abril de 1869, delegados de Oriente, Camagüey y Las Villas aprobaron una Constitución para unificar la República en Armas. Su artículo 24 estableció que todos los habitantes eran enteramente libres.

La formulación constitucional dio carácter general al principio abolicionista dentro del proyecto independentista. También convirtió la participación de negros y mulatos, libres y antiguos esclavizados, en una realidad militar y política que ya no podía reducirse a la voluntad de cada propietario.

Eso no eliminó el racismo ni produjo igualdad inmediata. Las jerarquías sociales continuaron y hubo disputas sobre disciplina, trabajo y ciudadanía. Aun así, la guerra alteró las relaciones que sostenían la esclavitud y obligó al independentismo a definir la libertad como parte de su programa.

El final legal de la esclavitud en Cuba

España respondió con reformas graduales. La Ley Moret de 1870 concedió libertad a determinados grupos, entre ellos hijos nacidos de mujeres esclavizadas después de una fecha fijada y personas mayores de cierta edad. La medida dejó a muchas otras sometidas al régimen.

En 1880 se estableció el Patronato, presentado como transición hacia el trabajo libre pero todavía basado en obligaciones hacia antiguos dueños convertidos en patronos. Un decreto de 1886 eliminó finalmente ese sistema y terminó legalmente la esclavitud en Cuba.

Entre el decreto camagüeyano y la abolición colonial transcurrieron diecisiete años. Esa distancia permite medir tanto la importancia como el límite del acto de 1869. La Asamblea del Centro formuló una ruptura política dentro de la insurrección, pero no tenía poder para aplicarla en toda la isla.

El 26 de febrero ocupa por ello un lugar preciso en la historia cubana: fue un paso temprano y documentado que unió independencia y abolición, aunque conservó restricciones propias de la guerra y de la sociedad de su tiempo. Leer el texto completo evita convertirlo en una consigna y permite ver a la vez su avance, sus condiciones y su alcance real.