En Cuba, la libertad de expresión es un derecho exclusivo del gobierno

Cuba antes de 1959: prensa plural y libertades en disputa

Durante la República (1902-1958) el país llegó a tener más de 90 periódicos diarios y revistas influyentes como Bohemia o Diario de la Marina. La Constitución de 1940 consagró la libertad de palabra y prohibió la censura previa, reflejando un amplio consenso democrático pese a las tensiones sociales de la época. Sin embargo, los gobiernos autoritarios de Gerardo Machado (1925-1933) y luego el Golpe de Batista en 1952 recurrieron a clausuras temporales, confiscaciones y estados de sitio para silenciar a sus críticos. Aun así, la pluralidad mediática resistió: opositores liberales, comunistas y católicos podían publicar, y las radios transmitían debates ásperos en horario estelar. Ese legado republicano —una prensa estridente pero diversa— explica el impacto que causó, tras 1959, la sustitución definitiva del pluralismo por la voz única del Estado.

1960-1976: del cierre de PM al dogma “Dentro de la Revolución, todo”

En junio de 1960, el semanario fotográfico PM fue clausurado por “distorsionar la imagen” de la Revolución; le siguieron Prensa Libre y Diario de la Marina. Un año más tarde, Fidel Castro reunió a escritores y artistas en la Biblioteca Nacional y pronunció las célebres Palabras a los Intelectuales: “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”, frase que cristalizó la nueva política cultural. Entre 1962 y 1968 el gobierno nacionalizó imprentas, radios y canales de televisión, instaurando un monopolio informativo que quedó blindado en la Constitución socialista de 1976. La censura ya no fue un recurso extraordinario, sino la regla: editores pasaron a depender del Partido Comunista y la normativa penal tipificó la “propaganda enemiga”. En menos de una década se cerró el espacio público republicano y se construyó la arquitectura represiva que sigue vigente.

Leyes mordaza: el marco penal que sofoca la palabra

La Constitución de 2019 promete libertad de expresión, pero enseguida la subordina a “los fines de la sociedad socialista”, una cláusula que abre la puerta a castigos severos. El nuevo Código Penal (2022) tipifica como delito el “desacato” al gobierno (art. 144) con penas de hasta diez años y endurece la “propaganda enemiga” (art. 115) con condenas de cuatro a ocho años. Fuera del Código, el Decreto-Ley 349 restringe el arte independiente y el Decreto-Ley 370 —conocido como “Ley Azote”— impone multas de 3 000 CUP (≈ 120 USD) por publicaciones “contrarias al orden socialista”; si no se pagan, la sanción se transforma en cárcel. Este andamiaje legal convierte una opinión, una canción o un meme en potencial “peligro para la seguridad nacional”, otorgando a la Seguridad del Estado un margen enorme para criminalizar la palabra.

Periodistas bajo la lupa: las multas del Decreto-Ley 370

Ser reportero independiente en Cuba significa vivir entre citaciones y amenazas. En los últimos años, decenas de colaboradores de 14ymedio, Cubanet y Diario de Cuba han recibido multas de 3 000 CUP por cubrir apagones o colas de alimentos; al reincidir, la sanción se convierte en prisión de seis meses. Los agentes de la Seguridad del Estado decomisan cámaras y confiscan teléfonos, invocando la “propagación de noticias falsas”. Quien intenta apelar se enfrenta a juicios sumarios sin abogado defensor y a la posibilidad de quedar inhabilitado laboralmente. El régimen sostiene que estas medidas “protegen la moral socialista”, pero en la práctica castigan la transparencia y extienden un mensaje: informar la realidad tiene precio. La combinación de multas ruinosas, vigilancia constante y expulsiones laborales obliga a muchos periodistas a exiliarse o a ejercer desde la clandestinidad.

Arte disidente: Otero Alcántara y Osorbo entre rejas

El arte también paga un alto costo. El performer Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado en 2022 a cinco años de prisión por “ultraje a los símbolos patrios” y “desacato”, tras exponer una bandera cubana en obras críticas con el poder. El rapero Maykel “Osorbo” Castillo —coautor del himno Patria y Vida— recibió una pena de nueve años por “desórdenes públicos” y “propaganda enemiga”. Ambos casos se juzgaron a puerta cerrada; testigos y abogados independientes fueron excluidos. Las sentencias buscaban acallar un movimiento creativo que había saltado de los estudios caseros a las calles y, finalmente, a las protestas nacionales de 2021. Desde la cárcel, Otero Alcántara ha denunciado falta de atención médica, mientras Osorbo desarrolló infecciones severas en un penal de máxima seguridad. Su obra se convirtió así en evidencia viva de que la crítica artística puede terminar en largos años tras las rejas.

11J: castigos ejemplarizantes contra manifestantes, incluso menores

Las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 sacudieron toda la isla; la respuesta fue masiva. Más de 1 000 personas fueron detenidas y, en 2022, 127 manifestantes —entre ellos adolescentes de 16 y 17 años— recibieron sentencias que suman 1 916 años de cárcel por “sedición”, “desórdenes públicos” o “atentado”. Algunos jóvenes que transmitieron en directo las marchas fueron condenados a 15 años, solo por “propaganda enemiga” y “sedición”. Organizaciones como Human Rights Watch documentaron golpizas, juicios colectivos y presiones para firmar confesiones a cambio de penas menores. Estas condenas ejemplarizantes pretendían advertir que la calle no es un lugar legítimo para exigir derechos. El encarcelamiento prolongado de menores rompió un tabú histórico y mostró la voluntad del régimen de sacrificar cualquier límite ético para preservar el control.

De la multa al exilio: la escalada de represalias

Las sanciones no terminan tras la sentencia. Activistas liberados como José Daniel Ferrer sufren arrestos domiciliarios, cortes de Internet y citaciones constantes que les impiden retomar sus vidas. Otros, ante la asfixia, aceptan el destierro —una práctica no escrita que las autoridades llaman “salida voluntaria”. Human Rights Watch describe un patrón: primero llegan las amenazas, luego las detenciones breves, después los juicios y, por último, la coacción para abandonar el país. Incluso familiares de disidentes pierden empleos estatales o la posibilidad de estudiar en la universidad. Así, la dictadura convierte la “libertad” en una jaula sin barrotes: o callas, o te vas. El mensaje se replica en cada barrio a través de los Comités de Defensa de la Revolución, enviando la lección de que cualquier gesto de disidencia desencadena una cadena de castigos crecientes.

Un país que susurra: el costo social de la autocensura

Tras décadas de castigos, la sociedad cubana habla en susurros. Los vecinos miden sus palabras en la cola del pan; los estudiantes evitan debatir en clase; los funcionarios redactan informes con frases duplicadas de Granma para no arriesgarse. Esta autocensura, más difícil de cuantificar que una condena, erosiona la creatividad, el periodismo y la vida privada. El miedo se hereda: padres recomiendan a sus hijos “no meterse en política” y las redes sociales se llenan de perfiles anónimos. En lugar de discutir soluciones a la crisis económica o la emigración masiva, la conversación pública se reduce a rumores y chistes velados. Mientras tanto, el Estado promociona una imagen de “unidad” que solo existe porque toda disidencia se paga con silencio, cárcel o exilio. La censura ha conseguido lo que ninguna ley admite abiertamente: convertir la voz ciudadana en un delito latente.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuáles son los principales delitos usados para castigar la libertad de expresión?
“Desacato” (art. 144), “propaganda enemiga” (art. 115), “sedición” y el Decreto-Ley 370, todos con penas que van de multas ruinosas a diez años de cárcel.

¿Puede multarse un simple post en redes sociales?
Sí. El Decreto-Ley 370 establece multas de 3 000 CUP por contenidos que “distorsionen la realidad” o “afecten la moral socialista”, con riesgo de prisión si no se pagan.

¿Qué castigos adicionales existen fuera de la ley escrita?
Expulsión laboral, vigilancia permanente, cortes selectivos de Internet, campañas de difamación y presiones para “salir voluntariamente” del país.

¿Han sido encarcelados menores por protestar?
Sí. Tras el 11J, tribunales condenaron a adolescentes a penas de hasta 20 años por “sedición”, una violación flagrante de estándares internacionales sobre justicia juvenil.

¿Cómo puede ayudar la comunidad internacional?
Documentando casos, exigiendo acceso a juicios, apoyando medios independientes y presionando para que los presos políticos reciban atención médica y sean liberados.